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Salvador D. E.
SEVILLA
Opinión sobre Curso Experto en Derechos Digitales y Delegado de Protección de Datos Personales
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Yolanda T. R.
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Sancho T. R.
TOLEDO
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Raquel P. H.
SEVILLA
Opinión sobre Curso Experto en Derechos Digitales y Delegado de Protección de Datos Personales
Muy buen contenido y muy actualizado en materia de derechos digitales, recomendable este curso.
Javier G. U.
ALMERÍA
Opinión sobre Curso Experto en Derechos Digitales y Delegado de Protección de Datos Personales
Por medio de esta formación he podido conocer a fondo toda la materia de seguridad de datos.
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Nos encontramos viviendo en la época de la digitalización. En este punto es necesario contar con una ley adaptada para proteger y amparar nuestros derechos fundamentales.
Los derechos digitales están muy vinculados a la libertad de expresión y a la privacidad y permiten a las personas acceder, crear, utilizar y publicar medios digitales. También amparan el acceso a la utilización de cualquier medio electrónico y redes de comunicaciones.
Podríamos decir entonces que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en la era de internet.
Las tecnologías digitales se encuentran dentro de una transformación constante en materia de protección. Podemos ver que su forma de actuar, proteger y la manera en la que los derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información están siendo cambiados, y además están dando paso a nuevos derechos.
La ley debe adaptarse a esta nueva era con el desarrollo de derechos digitales, y en materia de ciudadanía digital, haciendo posible y regulando un acceso a la información online de forma segura y transparente.
Los avances en materia de tecnología son constantes, y conllevan que se haga necesario un nuevo marco de regulación. Con la aparición de avances como la hiperconectividad que facilita el 5G, la recopilación de datos con dispositivos proveniente del internet de las cosas, el análisis de los datos que se extraen de los usuarios a partir del Big Data o la utilización del Edge Computing para su procesamiento. Todos ellos hacen que la necesidad de regular todo el tráfico de información y garantizar todos los derechos de las personas se vean muy necesarios.
Además de la evolución del marco legislativo en esta área, estos avances invitan también al desarrollo de una ética digital que prevenga la vulneración de derechos.
Estas consideraciones éticas son importantes para casos como el testamento digital. Este documento es donde se regula lo que se hará con la huella digital de las personas que han fallecido. Otro caso es el de la desconexión digital, que es la que pone límites al uso de las comunicaciones digitales fuera del horario laboral. O la gestión de los derechos digitales en los que la remuneración de los autores y el acceso de forma libre a las obras artísticas que tienen los derechos caducados entran en conflicto.
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Una de las entidades más emblemáticas para la defensa de los ciberderechos es Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de lucro que fundaron John Perry Barlow, John Gilmore y Mitch Japor, tres activistas de internet.
Barlow destacaba la diferencia que existía entre los derechos fundamentales que la propia constitución de Estados Unidos y la vulneración de los derechos de los ciudadanos en internet, en su artículo "Declaración de independencia del ciberespacio" en 1996. En los años 90, era inviolable el correo postal, pero no así el electrónico. Con sus defensas de estos casos en los tribunales, la EFF asentó las bases necesarias para el reconocimiento internacional de los ciberderechos.
Los derechos digitales son una extensión de aquellos derechos que se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en esta ocasión aplicada al mundo online.
El principal objetivo de estos derechos en internet es asegurar el acceso a internet y evitar la llamada brecha digital, por la que algunos usuarios se pueden sentir que dejan de formar parte de la sociedad. Además, asegurarán un adecuado uso de internet, considerado este como un bien común para toda la sociedad. Aunque no existe un consenso internacional en esta materia, por lo que cada país ha desarrollado su propia Carta de Derechos Digitales.
A pesar de esto, algunos organismos supranacionales, como la propia Unión Europea, están proponiendo un marco común en este sentido. Principalmente en materia de protección de datos personales. Podemos ver como ejemplo el GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, del 2018, que obligaba a los estados miembros a proteger los datos personales de los ciudadanos y permitir una libre circulación de la información.
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